Este último es quien fija la política educativa y controla su cumplimiento en todo el territorio argentino, pero sin desconocer las particularidades y las decisiones provinciales.

Por su parte las provincias actúan a través de la Dirección General de Cultura y Educación, teniendo la obligación de garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad que atienda las necesidades y realidades de sus jurisdicciones. Dicha obligación debe realizarse dentro de los límites impuestos por las pautas y objetivos comunes establecidos en todo el país por el Estado Nacional.

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